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lunes 21 de abril de 2008

Michael Cretu se queda sin casa

Michael Cretu fue un exitoso productor musical de origen rumano que tuvo varios nº1 en las listas de ventas de todo el mundo en la década de los 90. Aparecía bajo el seudónimo de Enigma. Seguro que recordareis esos cantos gregorianos bajo unas bases de caja de ritmo a los que debe su fama.

Todavía existen multitud de fans de su música. En la red podemos encontrar webs que ensalzan esa suave música newage con la que nos deleitaba. A mí particularmente me duelen varias partes del cuerpo cada vez que lo recuerdo. Hoy todavía insiste y amenaza con un nuevo CD a pesar de reconocer él mismo la bajada de la acogida de su música

Pero el verdadero éxito lo tuvo dos años más tarde de esos novedosos cantos gregorianos con el lanzamiento del álbum "The Cross of Changes". Un single incluido titulado "Return to Innocence" dio la vuelta al mundo. Tanto fue así que unos humildes músicos de la etnia Amis de Taiwan reconocieron sus voces utilizadas sin su permiso en la canción. Eran Difang Duana y su esposa Igay Duana. En 1988 hicieron una gira por Francia con otros 30 artistas aborígenes taiwaneses. Sus actuaciones fueron grabadas sin autorización por la Maison des Cultures du Monde que es un organismo oficial francés. Esa grabación fue vendida a la discográfica EMI, por supuesto a espaldas de los artistas, y finalmente la multinacional permitió a Cretu su utilización. La canción promovía los Juegos Olímpicos de 1996. Ni Jason Bonham batería de Led Zeppelin, del que Cretu había copiado la base rítmica de su canción "When the levee breaks", ni por supuesto los modestos músicos taiwaneses recibieron compensación alguna. Posteriormente tras la reclamación judicial se llegó a un acuerdo privado del que desconocemos sus términos. Difang Duana ya no lo podrá desvelar, murió en 2002, pero puedo imaginar que el trato no llego a una cifra muy elevada.

Así que con todos los beneficios logrados de las grandes ventas discográficas y demás negocios, Michael Cretu compró media montaña en Ibiza cerca de Santa Agnès de Corona para construirse su casa y su estudio. Y ciertamente lo hizo a lo grande. He localizado en google maps su situación para que veáis la choza en cuestión (abajo). El problema es que la concesión de la licencia municipal para que pudiera construir su mansión en la cima de la colina fue denunciada en 1999 por el grupo ecologista GEN contra el entonces alcalde de Sant Antoni de Portmany Antoni Marí Tur (PP).

La licencia fue declarada ilegal y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares confirmó en noviembre de 2005 que la casa debía ser derribada, tras lo cual el Ayuntamiento de Sant Antoni y el productor han presentado múltiples recursos que han ido perdiendo sucesivamente. Hasta que el pasado 2 de Abril el juzgado nº 1 de Palma rechazó el último. Obligando a derribar la casa antes de que termine este año. El Ayuntamiento ya ha adjudicado una partida abierta de 200.000 € para el comienzo del desescombro.

Siento mucho que los contribuyentes de tan precioso pueblo ibicenco paguen las consecuencias de las torpes maniobras de algunos políticos, ya que la reclamación a Cretu se prevé larga y costosa, pero la defensa del patrimonio natural de la isla bien vale la pena.


  • recopilación de todas las actuaciones judiciales


  • -------- actualización 24/10/2008 --------

    Más sobre la casa de Cretu

    4 comentarios:

    radio dijo...

    Creo que voy a ir alli, a ver si tiran un mesa de mezcla o teclado a la basura, jejeje

    LUCIANA AVERSA dijo...

    La mansión de Michel Cretu está marcada por denuncias y un engorroso y dilatado proceso judicial casi desde el mismo momento en el que se inició su construcción.

    Entre 1995 y 1996 comenzó la excavación para su edificación en la cima de un monte de Santa Agnès, a 227 metros sobre el nivel del mar, calificada como Área Natural de Alto Nivel de Protección (ANT) que la define inedificable. En ese mismo momento, mientras dejaban la colina «como un cráter», según Neus Prats, el Grup d'Estudis de sa Naturalessa (GEN-GOB) comienza con sus denuncias ante el Ayuntamiento de Sant Antoni.

    «Se montaron dos grúas bestiales para hacer lo que parecía una urbanización entera. Era algo horroroso, algo que te golpeaba el alma de verlo y, lógicamente, se empezó a denunciar por la vía administrativa. Evidentemente y como sigue siendo habitual, ni caso, el ayuntamiento no lo paró jamás. Y todo a pesar de las denuncias y de que sabían que era una actividad ilegal en un monte protegido y que ni siquiera tenía licencia», relata.

    Un año después, en 1997, el GEN recibe la respuesta del Consistorio, bajo el mandato del ex alcalde Antoni Marí Tur. «Nos dicen que la obra estaba amparada en una licencia y que se ajustaba a ella y que, por lo tanto, estaba todo correcto. Y es cuando decidimos interponer un contencioso administrativo ante el juzgado», explica la portavoz del GEN.

    Esta denuncia es admitida a trámite en 2000 y en 2001 sale la primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma declarando ilegal la licencia y decretando el derribo de esta mansión valorada en 6,9 millones de euros. «Lógicamente fueron al Tribunal Superior de Justicia y nosotros también porque además en primera instancia no nos admitieron que el camino también era ilegal; pero en segunda instancia lo ganamos todo, el camino y la casa», apuntó la portavoz del GEN sobre la otra «ilegalidad» denunciada que hacía referencia al cierre del acceso público al litoral que Cretu había cerrado como acceso a su mansión.

    La primera sentencia

    Sin embargo, este primer triunfo del GEN no fue más que el inicio de un largo conflicto judicial de recursos, apelaciones, sentencias y ratificaciones que se extiende por ocho años. Investigado por la Fiscalía de Eivissa, la batalla judicial se libró en diferentes escenarios como el Juzgado de Instrucción Nº1 de Eivissa, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma, el Tribunal Superior de Justicia de Balears y la Audiencia Provincial. A la vía administrativa por la ilegalidad de la licencia llegó también la penal con la imputación, primero, de Cretu y del arquitecto de su mansión por un delito contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente. A ellos se sumaron después como imputados el ex alcalde Joan Marí Tur y su equipo de gobierno (1997) por haber otorgado la licencia.

    Sin embargo, el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 1, Juan Carlos Torres, ordenó, a finales de 2007, el archivo del caso y el sobreseimiento de los imputados «por no existir indicios de delito», lo que motivó la apelación del GEN y la reapertura del caso ordenada por la Audiencia Provincial, que actualmente lleva la parte penal de la causa, y a la que se sumó en 2009 la imputación del aparejador municipal.

    Todo esto sin olvidar otra denuncia del GEN contra Cretu por haber edificado casi 3.000 m2 cuando la licencia declarada ilegal, le permitía 900 m2, y que suscitó un expediente en el Ayuntamiento por infracción urbanística.

    Paralelamente, otro debate se instala en la vida política e incluso llega hasta el anterior ejecutivo del PP, el Govern de Jaume Matas, que intenta hacer una ley para legalizar la casa.

    Intento de legalización

    «Lo curioso es que un mes antes de que la ley se aprobara, el abogado recurrió al TSJB para que paralizara la sentencia de demolición con este argumento pero no se les aceptó», explica Prats. En ese momento, Cretu presentó ante el Consistorio un proyecto de legalización que incluye la reforestación que impide ver la mansión y en lo que se gasta 163.000 euros. «Pero el ayuntamiento, viendo que la cosa estaba mal, denegó proyecto».

    La historia continúa entre recursos y más recursos, e incluso el GEN se persona en la causa.

    Tras las ratificaciones del TSJB para el derribo vino un plazo de dos meses y dos de 18 meses para que Sant Antoni lo hiciera efectivo. El último fue en 2007, y a lo largo de 2008 Sant Antoni reservó partidas para la demolición que está pagando de forma subsidiaria. Sin embargo, el proceso para cumplir la sentencia de demolición se aceleró cuando el Juzgado Nº1 de Palma impuso al alcalde José Sala multas de mil euros mensuales hasta que la demolición estuviera concluida; sanciones que ya le han costado 3.000 euros desde el mes de abril.

    Según Neus Prats éste es el «gran primero triunfo del GEN en los juzgados». Una historia que aún tiene muchos más detalles y vericuetos que, según Prats, para conocerlos a fondo «se tendría que escribir un libro». Sin embargo, no se puede decir que fuera la crónica de una demolición anunciada. «Nadie se creía que la fueran a derribar porque la gente tiene muy poca fe en que la justicia sea para todos igual», concluyó Prats.

    Anónimo dijo...

    si tiraran de la manta aqui en ibiza y pidieran permisos de obras a todos las mansiones y chalets que se han echo se iban a tirar muchisimas edificaciones a este le ha tocao el chinato y algunos se han llenao los bolsillos por partida doble un saludo

    cristina dijo...

    creo que soy la unica persona que se dacuenta de que si supuestamente tanto daño causo traer gruas y otras cosas para construir la casa igual o mas daño causa el demolerla